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España: La regulación del cannabis tendrá que esperar
Autor: Martín Barriuso 27/09/2017 - 10:30:00

¿Para cuándo llegará la regulación del cannabis en España? Frente a quienes afirman que será en 2017, analizamos porqué es más probable que tengamos que esperar hasta 2020 o 2021. El cambio llegará, pero todavía queda lejos. 

En los últimos meses, se ha extendido en el movimiento cannábico español una consigna: #Regulacion2017. A pocos meses de que acabe el año, no parece que haya muchas probabilidades de que sea así. La regulación se va a hacer esperar. Sin embargo, muchos factores indican que estamos a las puertas del cambio. Pero, ¿cuánto tardará? Vista la realidad política española, ¿para cuándo es razonable esperar una regulación integral del cannabis en vigor? 

2017 está siendo un año de efervescencia en lo que se refiere a la regulación del cannabis en España. Instituciones y partidos políticos van entrando abiertamente en el debate sobre un cambio de legislación que permita superar el actual marco prohibicionista. Hace unos meses ya analicé en este blog las posibilidades de dicho cambio, y llegué a la conclusión de que era posible -aunque no seguro- que sucediera dentro de la actual legislatura, que termina en 2020. A no ser, claro está, que Podemos y PSOE se pongan de acuerdo para tumbar a Rajoy y nombrar presidente, algo que de momento no parece vaya a suceder. 

Sin embargo, bastantes voces dentro del movimiento cannábico español, algunas cualificadas, dicen estar convencidas de que es posible lograr la victoria en unos meses. #Regulacion2017 es el eslogan en el que ha cuajado esta idea, cuyos partidarios están haciendo bastante ruido. Por eso, estaría bien observar a qué velocidad están pasando las cosas, no sea que se generen falsas expectativas que, si se frustran -y es más que probable que así sea- pueden socavar la moral de un movimiento cannábico al que no sobran las fuerzas.

Para empezar, hay algo de lo que preveía en aquel artículo anterior que no ha sucedido: El gobierno del Partido Popular no ha retirado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Adicciones del País Vasco, es decir, no ha permitido a los vascos legislar sobre los Clubes Sociales de Cannabis. A los nacionalistas les bastó con recibir otras contraparticas a cambio de su voto a los presupuestos generales, y el tema de los clubes cannábicos se quedó para otro día. Tal vez lo consigan en la siguiente negociación, ya que el gobierno español depende de su voto en muchas cuestiones, pero nadie sabe cuándo, si es que llega a suceder. Así que esa vía, de momento, se queda cerrada.

Otra cosa es la posibilidad de que, mientras tanto, se acabe regulando el uso medicinal de cannabis, algo en lo que el PP, tras resistirse fieramente durante años, empieza a dar muestras de cambiar de opinión. Como el resto de grupos hace tiempo que se muestran a favor, no sería de extrañar que, a medio plazo, se ampliara el abanico de usos médicos autorizados, actualmente limitados al empleo de Sativex como última opción en la esclerosis múltiple. Pero para eso no hace falta cambiar ninguna ley, como ya recordó públicamente la portavoz del Observatorio del Cannabis Medicinal, que también dejó claro que lo suyo no tenía que ver “ni con los clubes ni con el autocultivo”. O sea, lo que se pretende es que la industria farmacéutica pueda vender cannabinoides, no que se deje de perseguir a quienes cultivan por su cuenta o se asocian para consumir. Eso es otra batalla.

Los tribunales, cansados de ambigüedad

Curiosamente, la posibilidad de regular el cannabis para uso no medicinal podría tener un inesperado aliado en los mismos jueces que se han encargado de cerrar el camino a los CSC. En la misma sentencia en la que condenó a los miembros de la asociación Ebers por considerar que los clubes incurren en tráfico de drogas (sentencia que, copiada al pie de la letra, luego sirvió también para condenar a los miembros de Three Monkeys y Pannagh) el Tribunal Supremo decía que el Código Penal español, en lo referido al tráfico de drogas ilícitas, tiene “contornos y perfiles poco nítidos, casi desbocados”, a la vez que hacía un llamamiento al poder legislativo para que regulara estas cuestiones con más claridad reconociendo que existe una situación de inseguridad jurídica.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional no solo admitió a trámite los recursos presentados contra sus condenas por las tres asociaciones antes citadas, sino que en el caso de Pannagh, de la que formo parte, reconocía que se plantea “una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”. En otras palabras, los magistrados del Constitucional consideran que, al analizar el caso Pannagh, están tocando un tema que afecta a gran parte de la sociedad, y no solo a los condenados o a los miembros de Pannagh. Sin duda, esto es un factor de presión añadido para el Parlamento. Los jueces esperan que los políticos legislen con claridad pero, si no lo hacen, tienen intención de hacerlo ellos.

El Partido Popular, de momento, hace como que no se ha enterado de nada, una táctica que al presidente Rajoy (un artista a la hora de parecer tonto) le está dando estupendos resultados. Pero como los partidos que quieren una regulación van a usar este argumento para apoyar sus tesis, y mientras tanto se pueden acumular más sentencias parecidas, el partido del gobierno puede finalmente verse obligado a reconocer la necesidad de redactar el Código Penal con más claridad. Y como ya ha dejado claro ante la ONU que no tiene intención de castigar como delito el simple consumo de drogas, es posible que de la discusión sobre qué y cuánto se puede cultivar o poseer sin cometer delito acabe saliendo una regulación que, por restrictiva que sea, siempre será mejor que la arbitrariedad e inseguridad jurídica actuales.

España no es Colorado

Sin duda, uno de los errores más frecuentes entre muchos de los que presionan para conseguir una nueva regulación del cannabis en España es no enterarse de que hay ciertas cosas en las que la política española no se parece en nada a la de otros países democráticos. En España tenemos un modelo enormemente restrictivo en todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana directa. El referéndum es una cosa exótica en la política española y los diferentes gobiernos han hecho todo lo posible para que no se instaure la costumbre de consultar directamente a la gente. De hecho, desde la aprobación de la constitución democrática en 1978, solo ha habido dos referéndums, uno en 1986 sobre la permanencia en la OTAN, y el de 2005 sobre la Constitución Europea.

Actualmente, en España es imposible que un grupo de ciudadanos consiga que su propuesta, sea del tipo que sea, sea votada directamente por el pueblo. Lo más parecido que existe es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que requiere reunir 500.000 firmas validadas para poder presentar al Congreso una propuesta que los partidos, cuando llegue a sus manos, pueden cambiar hasta hacerla irreconocible. Por eso mismo, la ILP presentada por el partido cannábico RCN-NOK para regular el autocultivo y los CSC tiene poco recorrido. También porque una ILP no puede tocar las leyes llamadas “orgánicas”, como el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que castiga la tenencia y consumo. Si le añadimos que algunas de las medidas que proponen (como la necesidad de inscribirse en un registro oficial para poder cultivar) provocan el rechazo de gran parte del resto del movimiento cannábico, está claro que el cambio no vendrá por ahí.

Nos guste o no, les toca a los partidos

Otra de las características del sistema político español es que, más que una verdadera democracia, se trata de una partidocracia. Los partidos políticos, más allá del descrédito en el que han caído entre buena parte de la opinión pública española, siguen siendo casi la única vía para hacer política. El sistema de listas cerradas, la ausencia de mecanismos efectivos de participación y un sistema de recuento que, sobre todo en el Senado, favorece descaradamente a los partidos grandes (el Partido Popular tiene el 77% de los senadores con  apenas el 30% de los votos emitidos), hace que cualquier cambio tenga que ser liderado por los partidos. Y cuando, como ahora, nadie tiene mayoría absoluta en el Congreso, hace falta el apoyo de varios y en España, poco habituada al pacto político, eso lleva tiempo.

Si miramos qué sucedió en el País Vasco y Navarra primero, y en Cataluña recientemente, está claro que para aprobar una regulación sobre el cannabis hace falta crear un amplio consenso que sume a unos cuantos partidos, algunos de los cuales no han estado por la labor hasta ayer mismo y que es dudoso que le pongan mucho entusiasmo de repente. Es el caso del Partido Socialista, que tras haber sido uno de los sostenedores del prohibicionismo en España en los últimos 40 años, no parece que de repente vaya a ser un adalid furibundo del antiprohibicionismo. A ellos y a unos cuantos más les falta bastante debate interno para asumir la nueva realidad.

Para crear este tipo de consenso amplio y pacífico en un tema tan polémico, es fundamental una labor discreta y paciente que permita a los partidarios del cambio ganar posiciones dentro y fuera de sus partidos. Y para eso no vale el trabajo de lobby a base de foto y propuesta de relumbrón que se viene llevando a cabo desde algunos sectores. Conseguir que un partido presente aquí o allá una Proposición No de Ley es interesante de cara a visibilizar el tema, pero que nadie se piense que hay atajos: El proceso que cabe esperar incluye la creación de una ponencia parlamentaria por la que desfilen todo tipo de ONGs y expertos en la materia para dar su visión, la redacción de unas conclusiones que probablemente serán conflictivas, y la elaboración de una propuesta de nueva ley en la que participen la mayoría de grupos, si queremos tener alguna garantía de éxito.

¿Y para cuándo puede suceder todo eso? Pues teniendo en cuenta que las ponencias sobre cannabis en los parlamentos regionales se han llegado a alargar años (en Euskadi se aprobó su creación en 2011 y no presentó sus conclusiones hasta 2016) y que las leyes que generan más polémica nunca se suelen aprobar después del primer tercio de la legislatura (para evitar el desgaste electoral), lo más probable es que, como me decía un amigo con larga experiencia política, se nos vaya la legislatura entera y el comienzo de la otra.

Es poco realista creer que en España pueda haber una nueva regulación antes de 2020 o 2021. Tal vez se autorice algún fármaco cannábico nuevo, pero ni el autocultivo ni los clubes ni mucho menos la distribución comercial se van a regular antes de ese plazo. Por mucha voluntad que tuvieran los partidos (y algunos todavía no la tienen) no hay tiempo material para poder hacerlo antes. Y creer lo contrario es querer engañarse.

A mí y a otros en mi situación, que afrontamos la espera con condenas de cárcel pendientes y con nuestras propiedades embargadas, la espera se nos hará larga, muy larga. Yo soy el primero al que le gustaría que las cosas fueran distintas, pero creo que es mejor ser realista y, si sabemos que la carrera va a ser larga, medir las fuerzas. Esa energía que algunos derrochan ahora nos va a hacer falta más adelante. No sirve de nada actuar con prisa y con la vista puesta en el corto plazo. La carrera por la regulación del cannabis es una maratón y se equivocan quienes la afrontan corriendo como locos desde la salida. Para poder alzar los brazos en señal de triunfo, aún hay que aguantar muchos kilómetros.

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